Sistematización del Programa ProDerechos
- Comunicaciones ProDerechos
- 4 jun
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Actualizado: hace 3 días
Sobre el programa
ProDerechos fue una iniciativa de la Unión Europea, en apoyo al Estado de Honduras, para fortalecer un Sistema Nacional de Derechos Humanos (SNDH) que garantice los derechos fundamentales de todas las personas.
El programa se enmarcó en un convenio de financiación firmado entre la Unión Europea y Honduras, el 24 de septiembre de 2019. Su implementación operativa inició el 15 de enero del 2020, con la llegada del equipo de Asistencia Técnica Internacional (ATI).
El programa duró cinco años, durante los cuales benefició a más de 26,000 personas de forma directa y 800,000 beneficiarios indirectos, ejecutando un monto de 8 millones de euros, más de 236 millones de lempiras.
Instituciones beneficiadas
Secretaría de Derechos Humanos (SEDH);
Mecanismo Nacional de Protección (MNP);
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH);
Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (CONAPREV);
Ministerio Público;
Organizaciones de Sociedad Civil (OSC);
Otras Secretarías de Estado;
Otras instancias del Poder Ejecutivo;
Otras instancias del Poder Judicial;
Otras instancias del Poder Legislativo;
Gobernaturas y Municipalidades;
Sector Privado.
“el programa ha sido un instrumento de cooperación altamente pertinente, flexible y adecuado para promover y fortalecer los derechos humanos y la democracia, gracias a un enfoque transversal de género y su cercanía con las y los defensores”
Características principales
El programa cumplió dos objetivos principales, que se pueden resumir como “fortalecimiento institucional (SNDH) y desarrollo de capacidades e incidencia (Sociedad Civil / Sector Privado)”.
El diseño del ProDerechos (objetivos y resultados), con la participación de sus diferentes actores integrantes (i.e. Estado, sociedad civil y sector privado), permitió abonar al esfuerzo del país en pro de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.
El programa tuvo un fuerte componente de sociedad civil gracias a la conformación de tres consorcios (i.e. Honduras con Derechos, ProdeHonduras y Tejiendo Redes) de cobertura nacional/regional, y el desarrollo de 58 pequeños proyectos locales (FAT).
Tanto la asistencia técnica del programa (AT) como los consorcios de sociedad civil y sus proyectos FAT se enfocaron en la promoción de los derechos y apoyo directo a defensoras(es) de derechos humanos; por medio del trabajo con organizaciones y asociaciones nacionales, patronatos locales, consejos comunales, juntas de agua, lideres y lideresas comunitarias, etc.
Además del apoyo a grupos en condición de vulnerabilidad; pueblos originarios, mujeres, NNAJ, LGBTQ+, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, privados de libertad, entre otros.
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“Apoyando la consolidación de un sistema nacional para promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en Honduras para todas las personas; sin distinciones o discriminación, en igualdad de condiciones”
Sistema Nacional de Derechos Humanos (SNDH)
El programa logró fortalecer a las principales instituciones de Estado y organizaciones de sociedad civil defensoras de derechos humanos.
Se generaron espacios de diálogo y concertación tanto a nivel nacional como departamental y local, gracias a un conjunto de mesas temáticas: 1) defensores(as) de derechos, tierra y territorio; 2) Estado de Derecho e instituciones autónomas; 3) corrupción y derechos humanos; 4) DESCA, empresas y derechos humanos; 5) política pública, plan de acción y SNDH.
Se apoyó a la Secretaría de Derechos Humanos en la construcción de la nueva Política Nacional de Derechos Humanos 2025-2035, así como el diseño de su sistema de monitoreo, evaluación e implementación; entre varias otras políticas municipales.
Se apoyó fuertemente al Mecanismo Nacional de Protección (MNP) y a la Dirección General del Sistema de Protección, para automatizar los procedimientos de gestión de denuncias y atención a defensores; se generaron nuevos manuales operativos y de análisis de riesgo, así como de uso y evaluación de medidas de protección; también se desarrollaron nuevos sistemas digitales para gestión y protección de información clasificada; además se facilitaron procesos de formación para todo el personal técnico del MNP.
Se dotó al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) de un observatorio de derechos humanos, una clínica de control de convencionalidad, y una unidad de empresas y DD.HH.; se desarrollaron además, los sistemas correspondientes de gestión de quejas y denuncias.
Se generó incidencia en el sector privado para la adopción de estándares internacionales en materia de empresas y DD.HH.; incluyendo mecanismos de debida diligencia.
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“se implementaron grupos de autoayuda, generando espacios propios y seguros para las mujeres, fortaleciendo su autoestima, para verse como sujetas de derechos y buscar ayuda de cara a las violencias que reciben”
Enfoque de Género y Empoderamiento de la Mujer
Formación y capacitación: se diseñaron metodologías de autoayuda para grupos de mujeres y se les brindó formación sobre sus derechos y garantías constitucionales; también se diseñaron planes de capacitación sobre derechos de las mujeres para operadores de justicia, además de un diplomado en derechos humanos para docentes mujeres, con réplicas en centros de escolares.
También se desarrollaron procesos de alfabetización digital para fortalecer las capacidades de mujeres e incentivar su integración a cargos de liderazgo comunitario; y se montaron dos escuelas de infoactivismo femenino con la participación de organizaciones sociales rurales.
Promoción de la participación e incidencia: se impulsó la agenda feminista con SEMUJER, la Secretaría de Salud y diputadas de la comisión de género; se promocionaron espacios de diálogo entre organizaciones de mujeres y autoridades municipales para la prevención y atención a casos de violencia contra las mujeres; se incentivó la participación de lideresas comunitarias en espacios municipales y cabildos abiertos; se apoyó la gestión del 5% del presupuesto municipal para el eje de mujer y juventud.
Además, se organizaron encuentros nacionales y centroamericanos de las redes de mujeres defensoras de derechos humanos para intercambiar experiencias en materia de promoción, protección y defensa de los derechos de las mujeres.
Protección y acompañamiento: se fortalecieron las redes de mujeres defensoras con protocolos de seguridad y planes de protección; se brindó acompañamiento psicosocial y físico a mujeres defensoras para reducir su vulnerabilidad; se implementaron medidas afirmativas para garantizar la participación de mujeres en procesos formativos.
Igualmente importante es el hecho que se brindaron 544 asesorías legales relacionadas con violencia doméstica, violencia sexual y otras agresiones contra las mujeres.
Políticas públicas: se apoyó la aprobación de la Ley Especial Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres (LEI-CVM); se impulsó la elaboración y ratificación de múltiples políticas municipales de equidad de género y la construcción de políticas de género para las organizaciones de la sociedad civil.
Presupuestos sensibles a género: se brindó asistencia y formación a diversos grupos y redes de mujeres para fortalecer sus capacidades de veeduría social respecto de los presupuestos municipales, supervisando una distribución justa y equitativa de los recursos locales.
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“la política municipal no surge de un escritorio o de lo que un individuo puede pensar que la gente necesita, sino que es un proceso que debe responder a las necesidades planteadas de todos los sectores, con la suficiente validación de los principales actores sociales en cada localidad”
Fortalecimiento de la Sociedad Civil e Incidencia Democrática
Desarrollo de capacidades: se realizaron múltiples talleres sobre veeduría y transformación de conflictos, análisis de riesgos para defensoras(es), DESCA y derechos de los pueblos indígenas; se promocionaron metodologías participativas y grupos de autoayuda para mujeres; se desarrolló un diplomado en derechos humanos para docentes en Catacamas y réplicas en centros educativos.
Articulación y alianzas estratégicas: se facilitaron espacios de diálogo entre organizaciones locales, instituciones públicas y organismos internacionales; se crearon redes territoriales y alianzas bilaterales entre organizaciones de sociedad civil para replicar capacitaciones sobre derechos sexuales y reproductivos, lucha contra la violencia hacia la mujer, entre otras temáticas; se enlazaron a organizaciones feministas con instituciones magisteriales; se establecieron convenios entre Ciudad Mujer y centros de salud para prevención de la violencia.
Incidencia local y políticas públicas: se facilitaron espacios de diálogo entre organizaciones de mujeres y autoridades municipales para la formulación, aprobación y asignación de recursos para agendas mínimas y políticas locales de equidad de género; se apoyó en la organización de redes locales de incidencia para la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que logró la aprobación de una política municipal en El Progreso, Yoro.
Se generó incidencia con el Poder Judicial para la aprobación de la Ley Especial Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y se brindó un análisis técnico presupuestario para la implementación de la ley; además, se apoyó con la etiquetación de presupuesto para la Fiscalía de Etnias; se colaboró con la SEDH para elaborar la nueva Política Pública de Derechos Humanos 2025-2035, además de su respectivo proceso de socialización territorial.
ProDerechos, gracias a la conformación de los tres consorcios de sociedad civil (i.e. Tejiendo Redes, ProdeHonduras, Honduras con Derechos) y a su trabajo en los territorios, logró desarrollar durante 2020-2025 una serie de hitos enfocados en el fortalecimiento y generación de capacidades de organizaciones de base defensoras de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, además de impulsar los derechos de la mujer y los jóvenes en espacios de toma de decisiones a nivel nacional y local.
Las acciones del programa y sus proyectos se desarrollaron en 15 departamentos y 65 municipios de todo el país, gracias a una red de 124 organizaciones, coaliciones y redes locales que trabajaron en pro de la defensa de los derechos de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, la tierra, el territorio y el medioambiente, además de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
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“Queremos sumar voces de la comunidad, para hacer veeduría social e incidencia efectiva ante los tomadores de decisiones”
Fondos de Ayuda para Pequeñas Iniciativas Locales
En 2021, la Delegación de la Unión Europea, de la mano de los consorcios de sociedad civil del programa, lanzó una convocatoria para los recién denominados “Fondos de Ayuda a Terceros” (FAT), dirigida a grupos, redes y organizaciones locales de base que trabajasen con población en situación de vulnerabilidad en la promoción y respeto de los derechos humanos en sus territorios.
Gracias a esta herramienta se establecieron 58 convenios de subvención, por un valor de más de 28 millones de lempiras, que permitió acercar estos fondos directamente a las personas titulares de derechos trabajando en terreno.
Los FATs desarrollaron actividades relacionadas con formación y generación de capacidades, promoción de los derechos de grupos en condición de vulnerabilidad, equidad y justicia de género, campañas públicas de incidencia, fortalecimiento de redes y organizaciones locales, diálogo y veeduría social, además de la protección de defensoras(es) de derechos humanos.
Principales logros
Los FAT contribuyeron de forma relevante, en sus áreas geográficas priorizadas, al fortalecimiento de capacidades locales y articulación social, mejorando el acceso a los sistemas de denuncias de violaciones de derechos humanos.
Los FAT han sido reconocidos como un instrumento que permitió catalizar la participación de las comunidades locales en defensa de los derechos humanos, contribuyendo a tejer redes de resiliencia.
Gracias a los fondos FAT, varias de las iniciativas lograron obtener su personería jurídica, lo que en el futuro les permitirá acceder a nuevas subvenciones de cooperación, para seguir invirtiendo en sus procesos de educación inclusiva e incidencia.
Los proyectos FAT generaron un efecto de “democratización de la cooperación internacional”, descentralizando los fondos y transversalizando la toma de decisiones entre las personas integrantes de los proyectos y sus comunidades.
La articulación entre los proyectos FAT y otras organizaciones sociales, tanto locales como nacionales, les permitió intercambiar experiencias de trabajo y mejorar sus habilidades para ejecutar los proyectos.
Dichos procesos de articulación reflejan una estrategia integral y colaborativa, impulsada por el programa y sus consorcios de sociedad civil, para promover y defender los derechos humanos en Honduras, involucrando a una amplia gama de actores y sectores, logrando impactos significativos y sostenibles.
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“la participación del sector empresarial es fundamental en este esfuerzo de educación y divulgación de una cultura transversal de derechos humanos, para poder acabar con la impunidad y la corrupción”
Empresas y Derechos Humanos
El programa estableció relaciones de trabajo con el COHEP y ANDI, como proncipales representantes gremiales del sector provado del país, lo cual facilitó una serie de actividades en terreno y acercamietos con otros actores de Estado y sociedad civil.
Se generaron espacios de diálogo multiactor a nivel departamental; entre comunidades, empresas y autoridades locales, contribuyendo al abordaje de conflictos territoriales y ambientales.
En espacios liderados por la SEDH, con el apoyo del Consorcio Honduras con Derechos, se lograron 16 acuerdos mínimos, derivados de diagnósticos de conflictividad.
Se facilitaron espacios de intercambio para sensibilizar a representantes del sector empresarial y capacitar a integrantes de organizaciones de sociedad civil e instituciones de gobierno sobre los “Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos” (PRNU), con el apoyo del consorcio ProdeHonduras, generando además una campaña digital en esta temática.
Se diseñó la estructura orgánica y funcional de la Unidad de Empresas y Derechos Humanos del CONADEH, enfocada en la prevención, promoción y defensa de los derechos humanos y laborales de las personas en el ámbito empresarial.
Se desarrolló y lanzó un curso online sobre empresas y derechos humanos que se publicitó ampliamente, capacitando a más de 1,100 personas y empresas.
Se elaboró y publicó la “Guía para la Implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en Honduras”.
Se apoyó en la creación de una política de derechos humanos para el sector de energía renovable; realizando mapeos, giras de campo, entrevistas con empresas y un proceso de socialización y consulta con las comunidades circundantes.
De igual forma, se desarrollaron otras herramientas importantes para el sector; como la “Guía de Directrices sobre Debida Diligencia”; y el “Compendio sobre Mecanismos de Reclamación y Procesos de Reparación”.
Finalmente, se realizó un foro de empresas y derechos humanos (San Pedro Sula), bajo la iniciativa Global Gateway, de la Unión Europea, que busca canalizar y multiplicar los recursos (públicos y privados) que aporta la UE y sus Estados miembros a la cooperación para el desarrollo; especialmente en materia de infraestructuras, conectividad, transición verde, salud, educación e investigación.
En Honduras, Global Gateway invertirá más de mil millones de lempiras en proyectos de desarrollo sostenible, generando inversiones útiles para las personas y el planeta, en el más estricto respeto de las normas sociales, ambientales y de los derechos humanos.
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Curso Ejecutivo sobre Derechos Humanos y Empresas:
